Muchos latinos necesitan abogados para resolver temas administrativos, legales, y de diversa índole. Si hemos contratado a un abogado y nos ha elaborado documentos, ha presentado escritos ante las autoridades o ha programado futuras audiencias, pero al final decidimos no contar con sus servicios y abandonamos el caso, ¿es necesario pagarle por sus servicios? Entérate de cómo proceder ante esta situación aquí.
Cuando el abogado recibe el encargo del cliente, debe formular un presupuesto por escrito, en el que debe indicarse la «medida previsible» del coste total de su servicio, para que el cliente sepa inmediatamente, desde el principio, cuánto pagará.
Si el abogado no emite el presupuesto cuando recibe la solicitud del cliente para asistirlo y defenderlo, no pierde su derecho a la indemnización, pero el pago de la cantidad adeudada se realizará sobre la base de los parámetros tarifarios previstos por decretos ministeriales del Estado italiano.
Si las partes en litigio llegan de manera autónoma a una solución amistosa del conflicto, ello no significa que el abogado tenga el derecho a ser pagado por todos los servicios prestados hasta ese momento.
Las leyes italianas establecen claramente que en caso de renuncia a la controversia, el abogado conserva el derecho a que se le conceda la remuneración acordada, en función de la actividad realizada, con el añadido del reembolso de todos gastos realizados.
En cuanto a la cantidad concreta adeudada, el caso más frecuente es el del abogado que, en el momento de pactar el servicio, hizo entregar al cliente una suma por gastos posteriores y una fianza proporcional al valor del servicio total presupuestado.
De hecho, hoy en día, casi ningún abogado acepta asumir encargos gratuitos y ser pagado íntegramente al final del caso, y menos está dispuesto a anticiparse «gastos de bolsillo».
Sin embargo, el cliente aún puede negarse a pagar los honorarios del abogado si prueba que este ha violado los deberes de información que se le imponen como profesional. Cuando el letrado incumple estos deberes o inserta cláusulas ilegítimas en el contrato de mandato, como las que imponen sanciones en caso de desistimiento del litigio, no procede el pago de sus honorarios.
