Esta medida administrativa obliga la expulsión de ciudadanos extranjeros ilegales en Italia
Cuando un extranjero ilegal recibe el Foglio di Via, el cual indica su expulsión inmediata del país, tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación en un plazo no mayor de 30 días desde la notificación de la disposición, además, también se permite el recurso de apelación en el TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) contra la disposición dictada por la prefectura.
Esta disposición es conocida como una medida administrativa que tiene como fin prohibir el ingreso por un periodo no mayor de tres años a todos los extranjeros que se encuentren en posición de ciudadanos ilegales dentro del país y no cuenten con la documentación necesaria para poder transitar en las calles libremente.
Es importante señalar que para la remisión de la disposición no se requiere el procedimiento ad hoc, sin embargo, es aplicable para la Questore. Además, también se denomina como ante delictum, ya que, la medida puede llegar a afectar al destinatario más allá de haber cometido o no un delito.
En lo que respecta a la ley, su fuente se encuentra en el Decreto Legislativo 1423/1956 actualmente transfundido en el Decreto Legislativo 159/2011 que indica tres categorías que pueden aplicarse a las medidas preventivas: en primer lugar, pueden ser expulsados aquellos que se dediquen habitualmente al trafico delictivo, quienes vivan habitualmente dedicados a la actividad delictiva y por último, aquellos que sean considerados como un peligro a la integridad de los menores, la salud, la seguridad o la tranquilidad pública.
Por otra parte, el art. 2 del Decreto Legislativo 159/2011 indica que “si las personas señaladas en el articulo 1 son altamente peligrosas para la seguridad publica y se encuentran fuera de sus lugares de residencia, la Questore cuenta con la posibilidad de devolverlas impidiendo su regreso sin autorización previa o por un plazo no mayor de tres años al municipio del que hayan sido sustraídos”.
Cabe destacar que en este último caso el jefe de la Policía requiere a la persona actuar conforme a la ley y levanta el acta de notificación con el objetivo de dar una fecha límite a la misma.
