Se instalan en el parque frente al cuartel de Annarumma agrupados por nacionalidades
Todos los fines de semana en Milán, un grupo de extranjeros sudamericanos y de diferentes nacionalidades busca ser atendido en la Questura de vía Cagni con el fin de conseguir protección internacional. Dentro de los solicitantes se puede encontrar a mujeres embarazadas y personas discapacitadas, quienes llegan con mantas, ropa y alimentos. La mayoría de ellos espera hasta el domingo por la madrugada, sin embargo, los policías solo seleccionan a 120 de candidatos.
“Es la quinta vez que vengo aquí y no puedo entrar”, señala una extranjera de nacionalidad peruana. Junto con los demás hispanohablantes creó una lista, sin embargo, los policías no la tomaron en cuenta. Tal es el caso de José, un sudamericano que le guardó lugar a una persona enferma que sufrió violencia antes de salir de su país. Minutos más tarde, hubo un enfrentamiento entre un grupo de extranjeros y la policía, quienes los maltrataron intentando ahuyentar a las personas en el lugar.
Según la comisaría, la situación fue mucho más grave con el aumento progresivo de migrantes desde finales del 2022. Los informes del Ministero dell‘Interno señalan que en diciembre hubo más de 10.000 desembarcos llegados desde África, más del doble que el año anterior. “Los hotspost están superpoblados, y las personas que pasan por ellos a menudo se quedan en la zona sin información sobre su estatus legal o sobre cómo acceder a los servicios de protección internacional o de acogida”, explica Nicola Datena a un medio de la Associazione studi giuridici per l’immigrazione (Asgi).
Por otra parte, menciona que al principio la gente se presentaba cinco días a la semana sin reserva previa según el horario que disponía la comisaría. Desde diciembre, el numero de citas que se da tras las protestas de los habitantes de la zona, es de 120 plazas. “La comisaría es el órgano territorial del Ministero dell‘Interno y teniendo en cuenta que la situación en Milán es similar a la de muchas ciudades italianas, todo apunta a que existe una voluntad política para dificultar el acceso a la protección internacional e inducir, quizás, a que las personas se trasladen a otros países europeos eludiendo así la regulación de Dublín”, finaliza.
Hasta hace un año, los trámites eran gestionados en la sede de vía Montebello.
