El miércoles se reanudarán las movilizaciones en contra de la presidente. El ejecutivo despliega un enorme dispositivo de seguridad
El gobierno de Dina Boluarte se hace cada vez más débil ante la inminente desaprobación de la población peruana, donde sindicatos y distintas organizaciones no han cesado en su intento de sacarla del poder organizando protestas que se han trasladado a la capital en hasta dos oportunidades. La popular ‘Toma de Lima’ ha sido el mecanismo de defensa utilizada por los más vulnerables para hacer escuchar su descontento, por ello, han decidido intervenir por tercera vez en la capital este 19 de julio. Como consecuencia, las máximas autoridades han aprobado el uso de la fuerza.
El ministro del interior, Vicente Romero, ha dado a conocer una estrategia basada en desplegar más de 100 efectivos de la Policía Nacional del Perú acompañados de la Fiscalía en tres garitas de control de Pucusana, Ancón y Corcona, zonas de acceso a Lima desde el sur, norte y centro respectivamente. “El trabajo va orientado al control territorial, especialmente de todas las personas que entren y salgan de la ciudad de Lima”, sostuvo en un mensaje a la prensa.
Para realizar esta manifestación se han reunido dirigentes de la Confederación General de los Trabajadores de Perú (CGTP), la Asamblea Nacional de los Pueblos, Federación de Pueblos Jóvenes, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, Macro Norte, Macro Sur, Macro Centro y Construcción civil. Como se sabe, no existe una agenda única en las calles: hay quienes piden la liberación de Pedro Castillo alegando que su autogolpe de Estado no se consumó y que el Congreso aprobó su vacancia con menos votos de los que dicta la ley, otros tienen la consigna de que los actuales parlamentarios deben dejar sus curules y hacer un llamado para una Asamblea Constituyente y también marcharán quienes rechazan las privatizaciones de las empresas nacionales.
Según la Defensoría del Pueblo, la convulsión de los primeros meses de mandato de Dina Boluarte dejó un saldo de 49 civiles muertos durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden, otros 11 civiles que perdieron la vida debido al bloqueo de carreteras y siete militares y un policía que fallecieron en el contexto del conflicto.
