La Corte Constitucional de Perú ordenó el jueves 17 de marzo la liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien había sido condenado en 2009 a veinticinco años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Luego del anuncio de las autoridades de Perú, la ciudadanía en la capital de Lima y otras regiones del territorio salieron a manifestarse a favor y en contra de la medida, que ha dividido a los peruanos entre la compasión y la indignación.
Por un lado, los simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori que gobernó al país desde 1990 hasta el 2000, exigieron su salida de prisión aludiendo a su vejez y frágil salud, saludando esta decisión.
Por el otro, miles de personas protestaban en las calles del centro histórico de Lima, Cuzco, y otras ciudades importantes, contra esta sentencia calificada de «vergüenza nacional». Asimismo, en las redes sociales, los hashtags “#IndultoEsInsulto” y “#TodosEnLaCalle” rápidamente se viralizaron.
Lo real es que lo determinado por las autoridades se efectuará casi de inmediato y en el transcurso de esta semana. Aunque haya sido inesperado para algunos, Fujimori dejará el centro penitenciario de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DIROES), lugar donde se encuentra recluido, luego de pasar menos de quince años en prisión.
Restitución del indulto humanitario
El jueves 17 de marzo, la Corte Constitucional del Perú ordenó la liberación del expresidente, restituyendo un indulto otorgado en el 2017 por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien asumió el sillón presidencial desde el 2016 hasta el 2018.
Fue durante la Nochebuena de aquel año que PPK, por “razones humanitarias”, ordenó y firmó el documento de indulto. Posteriormente, el documento fue cancelado en el 2018 por las autoridades debido a una serie de “irregularidades”, particularmente, por ser una medida decretada de manera rápida y en medio de una crisis política donde el jefe de Estado estaba al borde de ser destituido por el Congreso de la República, situación que, meses después, se concretó.
Ante la noticia de su indulto cerca a las fiestas navideñas, Alberto Fujimori salió a declarar que: «Volver a prisión es una sentencia de muerte lenta y segura», manifestándose debido a los recurrentes problemas de salud que presentaba y, de los cuales, algunos de ellos, eran cuestionados o calificados como falsos.
Se sabe que la decisión que ha dividido a los peruanos ha sido deliberada por tres jueces que votaron a favor y otros tres en contra. Sin embargo, fue el presidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero, quien puso la firma de aceptación al documento.
Frente a ello, el actual ministro de Educación, Rosendo Serna, denunció políticamente la resolución. Mientras otros sospechan de los jueces que tendrían vínculos con los partidarios fujimoristas, cuya influencia sigue pesando las esferas del poder peruano.
La controvertida situación se produce cuando el Perú enfrenta una profunda crisis política e institucional, y la democracia nunca había estado tan debilitada desde su restauración hace veintidós años. En aquel entonces, Fujimori acorralado por denuncias de corrupción y fraude electoral, abandonó el poder precipitadamente a través de un fax en noviembre del 2000, refugiándose en Japón, país de origen de sus padres.
