Roma, Italia – La reciente Ley de Presupuesto 2025, aprobada en Italia, ha introducido una disposición que afecta de manera significativa los costos de los procedimientos judiciales relacionados con la ciudadanía italiana. Esta medida, detallada en el artículo 106 de la ley, incrementa los costos asociados a las disputas judiciales por verificación de ciudadanía italiana. Esta decisión impacta particularmente a descendientes de italianos, muchos de ellos de origen latinoamericano, quienes buscan obtener la ciudadanía por derecho de sangre (iure sanguinis).
Cambios Claves en los Costos de Trámite
Hasta ahora, las familias que presentaban una solicitud conjunta pagaban una contribución única de 518 euros. Sin embargo, con la nueva disposición, el costo aumenta a 600 euros por persona, independientemente de si el procedimiento es conjunto. Esto implica que si varios miembros de una misma familia desean iniciar el proceso de ciudadanía, deberán abonar 600 euros por cada solicitante, multiplicando así los gastos de manera significativa.
Por ejemplo, si una familia de cinco miembros desea realizar una solicitud de ciudadanía conjunta, deberán pagar 3,000 euros en total, en lugar de los 518 euros previos. Este cambio se traduce en un incremento que dificultará el acceso a muchas familias, en particular aquellas de menor capacidad económica.
Reacciones y Críticas
El diputado Fabio Porta, del Partido Democrático (PD) y representante de la circunscripción de América del Sur, ha expresado su preocupación. Porta explica que este cambio podría desmotivar a muchos descendientes de italianos que desean obtener la ciudadanía italiana, limitando el acceso de aquellos con menos recursos. Porta subraya que esta disposición genera un trato desigual, ya que en otros procesos civiles conjuntos, el costo de contribución no se multiplica por cada solicitante.
Porta también advierte sobre posibles problemas de inconstitucionalidad de esta disposición, dado que podría contradecir sentencias previas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional italiano, que defienden el principio de igualdad y acceso a la justicia. Además, indica que los descendientes de italianos en América Latina podrían verse desproporcionadamente afectados por este incremento, debido a las diferencias económicas entre regiones.
Motivaciones Detrás de la Medida
De acuerdo con el informe técnico adjunto a la Ley de Presupuesto, esta disposición no ha sido incluida en las previsiones de ingresos del Estado, dado que los posibles ingresos generados son difíciles de estimar. Para Porta, esto sugiere que el propósito de la medida no es puramente económico, sino también político, orientado a reducir la cantidad de solicitudes de ciudadanía italiana. Señala que en lugar de imponer barreras económicas, sería más apropiado abordar esta cuestión mediante una reforma legislativa integral que valore y preserve los vínculos históricos y culturales de la diáspora italiana.
Consecuencias para los Solicitantes Latinos en Italia
Este incremento en los costos podría impactar directamente a las familias latinoamericanas en Italia, limitando el acceso a la ciudadanía para aquellos que desean reconectar con sus raíces italianas. Las nuevas disposiciones ponen a muchos descendientes de italianos en una posición difícil, al requerir un gasto elevado para cada miembro de la familia, lo que, en varios casos, podría hacer inviable el proceso.
En conclusión, la modificación de los costos en los procedimientos judiciales para la ciudadanía italiana afecta de manera especial a los latinos en Italia, quienes enfrentan mayores desafíos para acceder a este derecho. Se espera que las organizaciones y representantes de la comunidad italiana en el extranjero sigan presionando para revisar esta medida, en defensa de los derechos de los descendientes italianos en América Latina y otras regiones.
