Proyecto de disposición será aprobado en el Consejo de Ministros de Cutro
Según el borrador del Decreto Legislativo examinado por el pre – Consejo de Ministros durante horas de la mañana, se ha previsto aprobar una ley que aumente la pena privativa de la libertad por hasta 30 años para quienes causen la muerte intentando hacer negocios traficando con vidas humanas en el mar de Italia. La disposición también prevé medidas para la simplificación y aceleración de los trámites para la expedición del documento de no impedimento para trabajar.
El decreto de extranjería también incluye una parte relativa al Flussi: “Para el trienio 2023-2025 las cuotas máximas de extranjeros a ser admitidos en el territorio por trabajo subordinado, trabajo de temporada y para el trabajo por cuenta propia, han sido definidos, por derogación de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto legislativo n° 286 del 25 de julio de 1998” y se establecerá con decretos de tres años.
Stefano Bonaccini, presidente de Emilia Romagna atacó al ejecutivo: “Se está mostrando totalmente inadecuado en sus políticas de gestión de los migrantes, están negando lo que han promovido, demostrando no estar preparados”, sostuvo. Mientras tanto, hizo una observación sobre el cambio de la línea política sobre el manejo de los migrantes.
Asimismo, para prevenir la inmigración irregular, los decretos a los que se hace referencia asignan preferentemente cuotas reservadas para trabajadores de los Estados que, en colaboración con el Estado italiano, promuevan hacia sus propios ciudadanos campañas mediáticas sobre el riesgo para seguridad personal derivada de la inclusión del tráfico irregular.
El gobierno tiene pensado “premiar” a aquellos Estados que decidan informar a sus ciudadanos sobre los riesgos asociados a “viajes clandestinos” organizados por contrabandistas y traficantes de personas.
