Un caso que no hace más que demostrar las falencias del sistema judicial de un país latinoamericano. En el 2018, un peruano se topó con un control del Polfer di Rimini y descubrieron que era solicitado en Perú por asesinato desde 1993.
Tommaso Torri, periodista del Rimini Today, contó el acontecimiento. El peruano de 49 años tenía una orden de captura internacional por el delito y también un pedido de extradición a su país. Ante esta situación, apareció el abogado Enrico Graziosi para defender al peruano.
Cuenta Torri que el letrado Graziosi demostró que no existían agravantes para que se le impugne a su cliente. El delito de asesinato había sido cometido en 1993 y el sistema judicial peruano fija la prescripción de este tipo de delitos en 20 años.
El hombre que siempre se había declarado inocente, fue llevado a prisión y después paso a arresto domiciliario mientras esperaba a que llegue la solicitud de extradición al Perú que jamás apareció. Resultado de esto: el peruano quedó libre después de un tiempo.
Al final, los jueces del Tribunal de Apelación de Bolonia consideraron prescrito el delito y cerraron el caso.
