Los defensores de esta normativa en Italia han tratado de provocar la organización de un referéndum sobre este controvertido tema en un país predominantemente católico donde la oposición es fuerte. Habían recogido 750 mil firmas en agosto del año pasado, muy por encima del mínimo exigido.
El Tribunal Constitucional italiano rechazó el martes 15 de febrero una solicitud de referéndum sobre la despenalización del suicidio asistido al juzgar que las personas más vulnerables no estaban suficientemente protegidas.
Al anunciar su decisión, el Tribunal explicó en un comunicado que el pedido propuesto «no garantizaría la protección mínima de la vida humana en general, y en particular de los débiles y vulnerables», violando así la Constitución.
Condena penal
La ley italiana actual establece que cualquier persona que ayude a alguien a suicidarse se enfrenta entre cinco y doce años de prisión. No obstante, en el 2019, la Corte Constitucional introdujo una excepción sobre la ley sobre el suicidio asistido, considerando que la eutanasia estaba permitida en pacientes terminales que padecían un dolor físico o psicológico “insoportable” y se mantenían con vida mediante máquinas.
Estas personas deben poder tomar «decisiones libres e informadas», según el Tribunal. Cualquiera que no entre en esta categoría no tiene recurso legal para el suicidio asistido en el país. Por otro lado, la oposición al suicidio asistido es fuerte en Italia, donde la Iglesia Católica tiene mucha influencia.
Mientras tanto quienes defienden el pedido de eutanasia, señalan que continuarán mediante otras solicitudes ante las autoridades y llamamientos a fin de conseguir que “la eutanasia sea legal”.
